Un día como hoy los aborígenes son considerados paraguayos

El 7 de octubre de 1848, el presidente Carlos Antonio López promulgó un decreto que suprimió las comunidades indígenas tradicionales existentes en el Paraguay y declaró a sus habitantes ciudadanos libres de la República. La medida afectó a 21 pueblos de indígenas y dispuso la desaparición de sus antiguas estructuras comunales, incluidos los cabildos y corregidores que formaban parte de su organización local.

A raíz de dicho decreto, las tierras, los bienes y los derechos pertenecientes a estas comunidades pasaron a ser administrados por el Estado paraguayo y a considerarse propiedad de este. Aunque a los pueblos indígenas se les concedió formalmente la ciudadanía, en la práctica persistían importantes limitaciones al ejercicio de los derechos políticos, debido a requisitos como la posesión de bienes inmuebles como condición para poder votar. El decreto de 1848 supuso una profunda transformación de la organización social y territorial indígena en Paraguay, al sustituir el sistema comunal por una condición jurídica individual bajo la autoridad del Estado.

1. Desintegración de la identidad comunitaria (El fin del Táva)

Se abolió por completo la institución del táva comunal, la estructura social, jurídica y económica que regía la vida de los nativos desde la época colonial. Al disolver sus cabildos y autoridades propias, el Estado paraguayo desarticuló las formas tradicionales de cohesión social y toma de decisiones de 21 pueblos. Esto obligó a una población con una arraigada esencia autónoma a integrarse de golpe a un sistema legal y cultural totalmente ajeno.

2. Despojo de tierras y precarización económica

El artículo 21 del decreto confiscó todos los bienes y territorios de los pueblos indígenas, declarándolos propiedad del Estado paraguayo.

3. Explotación laboral en estancias y yerbales

El decreto coincidió con un auge de la demanda externa de materias primas, especialmente de la yerba mate. Al otorgarles la ciudadanía, los indígenas quedaron sujetos a las leyes del Estado, perdiendo sus protecciones comunitarias previas:

4. Ciudadanía de «segundo papel» y exclusión política

La ciudadanía otorgada fue meramente nominal y conllevó una irónica contradicción:

Sin derechos políticos reales: El derecho al voto y a ser elegidos exigía formalmente la posesión de bienes inmuebles. Como el mismo decreto les había confiscado sus tierras, quedaron automáticamente excluidos de la vida política de la República.

Negación pluriétnica: Se impuso una única identidad nacional homogénea. Jurídicamente se invisibilizó la diversidad cultural y lingüística de los nativos, sentando las bases para políticas de discriminación sistemática que perdurarían por más de un siglo.

El Decreto se refería a 21 comunidades. Estos eran los pueblos antiguos de los Guaraníes que fueron fundados a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Estos 21 pueblos eran Ypane, Guarambaré, Ita, Yaguarón, Atyrá, Altos, Tobatí, Itapé, Caazapá, Yuty, Belén, San Estanislao, San Joaquín, Santa María, Santa Rosa, San Ignacio, Santiago, San Cosme, Trinidad, Jesús y el Carmen –antigua comunidad de Encarnación o Itapúa–. Diez de ellos habían sido fundados por los conquistadores o por los padres franciscanos, los otros once eran de la orden jesuítica, pero los padres jesuitas habían sido expulsados ya en 1768, y entonces se habían producido cambios notables en su gobierno y organización.

Los términos del decreto establecían que a partir del año 1852, se imponía a los nativos el pago de todos los impuestos agrícolas y ganaderos, los que debían ser pagados en especias, en este caso, con yerba mate. Además, casi todas las tierras comunales, así como una cantidad importante de efectos y bienes inmuebles de propiedad de los Cabildos pasaron inmediatamente a manos del Estado paraguayo, unificando las distintas parcialidades a la nacionalidad paraguaya. Para facilitar la nacionalización, el Presidente López construyó colegios y escuelas en las localidades donde operaban las mismas, que eran pagadas por el Tesoro Nacional.

Extraído por Renato Angulo de: “La economía de la Independencia” de Thomas Whigham / “Carlos Antonio Lopez, Obrero Máximo” Juan Perez Acosta / http://www.cultura.gov.py/

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